El 11 de mayo, el Presidente de la República Sebastián Piñera, anunció la publicación de una nueva Ley de Reconocimiento y Protección de los derechos de las personas en la atención de salud mental.

No obstante, distintos profesionales del área de la salud mental han expresado su preocupación respecto a los alcances de esta nueva normativa. Un artículo publicado por La Tercera, reunió opiniones de algunos especialistas del área de la salud mental, que apuntan a que esto no sería una “nueva ley de salud mental”.

Mauricio Gómez, psiquiatra y ex director del Hospital Psiquiátrico El Peral, explica que “la responsabilidad de la protección de la salud mental es global de la sociedad (...) La aparición de trastornos mentales comunes, como la depresión, la ansiedad o el consumo de sustancias, están fuertemente determinadas por las variantes socioeconómicas”.

Y agrega que, "una ley de salud mental debiera tener una mirada mucho más amplia (...) Por ejemplo, una persona con una enfermedad mental grave. Si no queremos que esté en un manicomio, se le deben ofrecer alternativas de inclusión social y eso pasa por Vivienda, Trabajo, Educación, etcétera”.

Por su parte, Gonzalo Soto, académico de la Escuela Salud Pública de la Universidad de Chile, enfatiza en que "más que hablar de una ‘ley de salud mental’, esta es una legislación que tiene su foco principalmente en la hospitalización psiquiátrica”.

En este sentido, el psicoanalista y docente de la Clínica Psicológica de la U. Diego Portales, Felipe Matamala, la nueva ley de protección de los derechos de personas en la atención de salud mental, pone un marco legal a algo que “ya se hace en los sistemas públicos e incluso privados de los sistemas de salud (...) Va en línea de cosas como la Ley de Derecho de los Pacientes, que de alguna manera otorgan un resguardo mayor para que las personas puedan entender los planes y las herramientas de resguardo que tienen, y cómo frente a algunas situaciones o procesos que se realizan se debe manifestar un cierto consentimiento por parte del paciente”.

Por su parte, Gómez destaca que una de esas mejoras tiene relación con la hospitalización involuntaria. “Cuando una persona tiene una enfermedad mental grave y está pasando por un momento de alto riesgo para ella y otras personas, existen en el mundo mecanismos para actuar sin su consentimiento e, incluso, contra su voluntad. En Chile, ese estándar estaba radicado en la autoridad sanitaria. El control de calidad lo hacía la misma gente de salud, la Seremi, por ejemplo. Era una figura que se cerraba sobre sí misma. Ahora la ley involucra a un tercero en esa tarea: a los tribunales de familia”, finaliza.

Lee el artículo completo de La Tercera en este LINK.

Revisa el detalle completo de esta Ley en este LINK.