El diagnóstico de salud mental a nivel nacional se comenzó a volver preocupante durante la crisis sanitaria. Si antes del impacto de COVID-19, las tasas de patologías derivadas de la salud mental como la depresión o la ansiedad alcanzaban cifras elevadas, la situación se comenzó a agravar durante este año. De esta manera se refleja en el estudio Termómetro de la Salud Mental en Chile, redactado por el Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica y la ACHS.

La investigación arrojó una cifra de un 54,8%, que corresponde a las personas que se sintieron más agobiadas de lo normal, además de un 34,6% que manifestó síntomas asociados a patologías de salud mental, mientras que un 32% de los encuestados se declaró sentirse más deprimida de lo habitual. Cabe recalcar que a pesar de tener estos antecedentes de carácter preocupante, Chile no cuenta con ningún tipo de legislación de salud mental que garantice la protección y atención de los derechos básicos para las personas que se ven afectadas por estos problemas.  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), creó un Plan de Acción de Salud Mental 2013-2020, estableciendo como meta que los países actualizaran y crearan normas en relación a esta área legislativa. No obstante, Chile no ha participado de directrices de esta naturaleza, manteniéndonos dentro del 40% de los países que no tienen Ley de Salud Mental a nivel mundial. De todos modos, el Ministerio de Salud elaboró el Plan Nacional de Salud Mental 2017-2025. Un programa que busca solucionar esta problemática nacional y los desafíos que rodea al sector correspondiente. 

El médico Gonzalo Cuadra, integrante de la comisión de salud mental del Colegio Médico, dijo en un artículo publicado en La Tercera, que no basta con esta medida. “Hay una serie de cosas que son valorables y necesarias del plan, pero sólo constituyen una hoja de ruta para mejorar la salud mental de nuestra población. Que exista Ley de Salud Mental, en línea con recomendaciones internacionales de derechos humanos, es indispensable y tan importante como eso es que se lleve a la práctica esa legislación”.

A pesar de que existe un proyecto en el Congreso relacionado al tema, la normativa que estaba fijada para ser concretada durante este año no ha tenido avances debido a la contingencia. Desde el interior del órgano legislativo, varios parlamentarios se han manifestado a favor de mejorar la calidad de resguardo de las personas con patologías mentales, con propuestas como el aumento del presupuesto de este sector, o la creación de leyes que amparen los derechos básicos de los ciudadanos con problemas psicológicos. Un claro ejemplo de lo anterior, es la falta de recursos se visualiza en el sector público, donde actualmente existen 625.000 personas en tratamiento por trastornos de salud mental en la Atención Primaria de Salud, que solo corresponde al 22% de la cobertura.

La diputada Karol Cariola, también critica el presupuesto dirigido a la prevención y promoción de la salud mental con la intención de provocar un cambio positivo en las cifras. “Uno de los principales déficit que tiene este sistema de salud es que no le da prioridad a los procesos preventivos. La salud mental tiene un aspecto preventivo fundamental y que tiene que ver con entregar herramientas, con entregar condiciones a los ciudadanos, para enfrentar de mejor manera procesos difíciles a lo largo de la vida”, explica al mismo medio mencionado anteriormente.

Revisa el artículo de La Tercera en este LINK.