La sociedad debe asumir estas tareas como un esfuerzo conjunto del Estado y de los particulares. La tarea de instruir ha sido vista hasta ahora – tanto en Chile como en otros países - como un modo de llevar a las personas a un proceso de adaptación al mundo existente, de conformidad y adecuación de las conductas a un modelo impuesto desde la autoridad y los poderes no formales de la sociedad. He aquí el primer problema: porque la tarea de instruir debe estar orientada al desarrollo intelectual y físico de las personas y a dotarlas de los conocimientos y prácticas adecuados para su integración a la vida social, sin necesidad de rebuscados ejes que lleven a la persona necesaria e ineludiblemente a acatar los paradigmas imperantes. La instrucción debe permitir al sujeto desarrollar habilidades, incluyendo entre tales la capacidad creativa y una cierta conciencia crítica para enfrentar la realidad. Un proyecto nacido de este proceso puede conducir a corregir, mejorar o sustituir los paradigmas, siendo eficaces en el ejercicio de los oficios (profesiones) y promoviendo al mismo tiempo los cambios necesarios.

Pero todo esto está rotulado en estos tiempos como “educación”. El Ministerio que se ocupaba de esto se llamaba (aun se llama así en otros países) “Ministerio de Instrucción Pública”. Su labor era precisamente garantizar que la población tuviera acceso a una instrucción gratuita y de calidad.

El nombre cambia a “Ministerio de Educación”, como si esa sola circunstancia bastara para que todo fuese distinto. Lo que ha sucedido es que este Ministerio se fue convirtiendo en una especie de “cajón de sastre”, donde se iban poniendo todos los asuntos que alguien pensaba que estaban relacionados tanto con la instrucción como con procesos culturales o educacionales, todo ello en un marco administrativo que generó un gigantesco monstruo burocrático, que se mueve con la agilidad de un mamut y se limita a cumplir con normas y protocolos sin importar los contenidos de lo que se hace. Ha habido algunos ministros que intentaron cambiar las cosas, siendo la mayoría meros administradores del quehacer habitual.

Las cosas se han agravado desde 1980 con la Constitución actualmente vigente, que olvidó el derecho a la educación y se limitó a reconocer la libertad de la educación. Ha desaparecido la obligación del Estado en esta materia, quien solo debe actuar cuando no actúan los privados de un modo subsidiario. Y siempre limitado a la instrucción. La ejecución de estas políticas se hace principalmente por medio de privados a los que les basta con cumplir con lo formal y administrativo.

La instrucción es mediocre, insuficiente, se cumple solo formalmente con los programas, todo lo cual se nota en los rendimientos reales. Por ejemplo, cuando los alumnos entran a las universidades se detectan graves carencias en el lenguaje escrito, las que resisten incluso a los cursos “remediales” que deben implementar las escuelas universitarias. Muchas de estas carencias se mantienen como tales incluso cuando el estudiante egresa, lo que se aprecia en la forma de redacción de muchos periodistas y abogados recibidos en los últimos 30 años. En matemáticas pasa algo similar. Y más grave es la situación en temas de ciencias sociales e históricas y en las tan venidas a menos educación cívica y filosofía.

Pero lo más grave de todo es que en Chile no se ha asumido la función de educar, es decir, formar integralmente a las personas desde que son muy pequeñas, enseñándoles el proceso de hacer conciencia de sí mismas y de su relación con el entorno y entrenándolas en ello. El objetivo es que cada ser humano se perciba a sí mismo en sus dimensiones mental, espiritual, emocional y corporal y desde allí despierte lo que nace desde sí y conecte en sus relaciones y en el desarrollo de las formas de aprendizaje en el proceso de instrucción.

Educar es la gran tarea y el desafío en el siglo XXI, donde la mayor parte de los conocimientos y de las informaciones se pueden adquirir mediante el uso de internet o de bibliotecas virtuales. Más que el simple hecho de “pasar materia” o cumplir con los programas, el desafío es activar el proceso de socialización simultáneamente con el de conocimiento de sí mismo.

Los profesores deberán, entonces, ser personas suficientemente formadas en áreas sustantivas relativas al desarrollo personal, psicología y filosofía, a lo menos. Ayudar a los niños a aprender a pensar, a reconocer, a relacionarse, a establecer nexos, a comprender, a jugar, a perdonar, a desarrollar sus capacidades reflexivas, creativas, emocionales, es la tarea que deberán asumir. Por eso hemos insistido desde hace más de 30 años en la necesidad de activar la formación docente, que es donde debió ponerse el acento antes que en la básica. Pero no fue entendido así. Se sigue enseñando en las universidades, al menos para la educación media, más materias de especialización que los temas formativos y pedagógicos. Bastan unos meses para que un licenciado en Literatura o Filosofía se convierta en profesor, es decir un barniz de conceptos pedagógicos.

En el país es necesario iniciar – con urgencia – un proceso de desarrollo de la educación, apoyado en instrucción de calidad, con líderes docentes, políticas claras y recursos suficientes. El Estado y los ciudadanos debemos comprometernos con esta tarea, seremos así protagonistas de la fundación de una nueva manera de vivir.

Jaime Hales

Abogado, académico, poeta, narrador y ensayista.